El PP critica que la dirección provincial del PSOE mantenga a Liñares como alcalde

El portavoz del Partido Popular de Cerceda, Francisco Santos, criticó hoy a la dirección del PSOE coruñés, encabezada por Valentín González Formoso, a la que acusó de “mirar para otro lado”al mantener como alcalde de Cerceda a José García Liñares, condenado a ocho años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

El popular, que aseguró que el regidor “no puede seguir ni un minuto más la frente del ejecutivo local”, subrayó que Liñares ya no tendría que haberse presentado a las elecciones municipales tras la primera sentencia y recuerda que el fallo lo inhabilita “desde todos los puntos de vista”para poder ejercer como alcalde.

Estamos ante un hecho sumamente grave frente al que la dirección provincial del PSOE tendría que tomar cartas en el asunto. Aquí no caben medias tintas, hay una sentencia que inhabilita al señor Liñares para convocar un pleno y mucho más para tomar la decisión de pedir un crédito que podría acarrear problemas judiciales muy importantes para el concello”, aseguró Santos, quien se pregunta por qué en su día González Formoso sí cesó a Liñares como diputado provincial y ahora decide no hacer nada.

Sobre este asunto, el popular defendió que “los ciudadanos no pueden entender que un alcalde que no cumple la ley y que pese a ser condenado en dos ocasiones siga al frente de un ayuntamiento sin que su partido actúe y sin que pase nada”. A su juicio, con este tipo de comportamientos “enviamos un mensaje muy peligroso al resto de la sociedad”.

 Asimismo, desde el Partido Popular de Cerceda también han incidido en los motivos por los que, al igual que González Formoso, el secretario general, Gonzálo Caballero tampoco da “señales de vida para poner orden dentro de su partido”.

Por otra parte, y ante la decisión del alcalde de Cerceda de presentar un recurso contra su sentencia, el popular aseguró que el regidor “tiene derecho a defenderse como cualquier otro ciudadano”, pero recuerda que las decisiones que se apruben en pleno pueden carecer de legitimidad jurídica.