foto ROSA GALLEGO

Piden que se continúe con la defensa de Nostian que ahorro 28 millones de euros

La portavoz del Grupo municipal Popular, Rosa Gallego, insta a Xulio Ferreiro a continuar con la línea de defensa del anterior Gobierno del PP sobre la planta de tratamiento de residuos de Nostián y que ha permitido ahorrar 28 millones de euros a los coruñeses, según la sentencia conocida ayer en una reclamación judicial de la empresa por importe de 32,5 millones.

La concesionaria reclamó por vía administrativa más de treinta millones de euros por el desequilibro económico que, en su opinión, se produjo por responsabilidad municipal de gobiernos anteriores a la llegada del PP, quien siempre ha mantenido que los desajustes económicos se debían a que la oferta que la empresa presentó para gestionar la planta era incumplible y a riesgo y ventura.

El gobierno Popular, nada más tomar posesión, encargó una auditoría técnica y otra económica de la planta y tras conocer sus resultados, mantuvo reuniones con la empresa que ante la falta de acuerdo y la firme defensa de los intereses de los coruñeses por parte de los populares, decidió presentar una demanda en el juzgado.

A raíz de esta demanda judicial, el gobierno municipal Popular encargó un informe técnico-jurídico a expertos en el sector que, junto con las auditorías, se presentaron como prueba en el juicio y que fueron fundamentales para dar la razón al ayuntamiento y desestimar casi en su totalidad la reclamación de la empresa.

Por tanto, Gallego insta a Ferreiro a continuar con la línea de defensa del PP sobre la planta de Nostián que le dejó el camino encauzado también para otra demanda judicial presentada por el ayuntamiento, y que aún está pendiente de resolución, y le exige que incorpore a este proceso judicial la sentencia conocida ayer para reforzar la línea argumental que dejaron diseñada por los populares.

El gobierno del PP presentó en el juzgado contencioso una demanda para declarar la lesividad del acuerdo firmado en abril de 2011 por el bipartito municipal que reconocía a la empresa el derecho a cobrar desde entonces y durante diez años 3 millones anuales por el traslado y la eliminación de los rechazos (lo que no se recicla) a un vertedero privado, una cantidad de rechazos muy superior a lo que presentó la empresa concesionaria en su oferta y que se debe a motivos ajenos al ayuntamiento, tal y como recoge la sentencia conocida ayer.

Los populares piden que la empresa devuelva estos tres millones cobrados injustamente desde 2011 hasta el momento en que se dicte sentencia, que hasta el momento superan los 15 millones, por lo que Gallego insta a Ferreiro a continuar con la línea argumental exitosa que heredó del gobierno municipal del PP.

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