El Partido Popular de Ponteceso ha presentado ante la Fiscalía una denuncia para solicitar que se investigue lo sucedido en Corme en septiembre de 2019, cuando el mal estado del agua de la traída municipal provocó una intoxicación masiva entre los vecinos, lo que obligó a la suspensión del suministro de agua y al reparto de bebida embotellada para consumo para evitar situaciones graves.

El portavoz popular, Daniel García Cotelo, recuerda que en aquel momento se llevó a cabo una investigación en la que intervino la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, el Seprona, el técnico municipal y la empresa concesionaria Espina y Delfín, S. L, que elaboraron distintos informes al respecto.
De igual modo, alude a que las conclusiones indicaban que la causa de la incidencia estuvo en una actuación inadecuada por parte de una empresa “contratada de forma unilateral” por el alcalde, ya que trabajaba fundamentalmente en obras de fontanería en viviendas y edificios particulares y carecía de cualificación necesaria para intervenir en obras públicas.

Según el escrito presentado en la Fiscalía, “la causa de la intoxicación de los vecinos de Corme se debió a una incorrecta manipulación en el tanque de tormentas”, obra que realizó esa empresa contratada “por motivos particulares” por el alcalde, bajo el pretexto de lograr así un abaratamento del contrato en relación con el que venía manteniendo la empresa especializada, sin tener en cuenta que la salud de la población no es cuestión de dinero, sino de adoptar las medidas de aseguramiento necesario, que en el presente caso, se han obviado de forma manifiesta.

Responsabilidad municipal
Para los concejales del Partido Popular, la responsabilidad municipal en todo lo relacionado con el abastecimiento y el saneamiento es motivo más que justiticado para presentar esta denuncia en la Fiscalía, ya que hasta ahora el alcalde no ha concedido ninguna explicación pública al respecto.

“Creemos que fue un hecho muy grave, constitutivo de delito, y hemos esperado tiempo más que suficiente para que el alcalde nos explique qué sucedió y qué se ha hecho para evitar que esto pueda volver a suceder”, explicó García Cotelo, que asegura que la legislación es clara cuando dice que “los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al consumidor”.

En el caso de Ponteceso, sin ordenanza técnica de los servicios de saneamiento pero sí con reglamento para el abastecimiento de agua potable, el PP se basa en la normativa actual para asegurar que “los vertidos inadecuados a la red de saneamiento son responsabilidad del propio ayuntamiento o el gestor al que se lo haya encargado”.

Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente
Por esto, y ante la sospecha de que los hechos que provocaron la intoxicación de los vecinos de Corme sean constitutivos de delito penal, los populares han decidido dirigirse a la Fiscalía para que admita a trámite la denuncia por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente “contra el alcalde de Ponteceso y las personas que, en este momento desconocidas e inciertas que, de la investigación que se practique, puedan resultar responsables del citado delito”.