Un auto librado ayer por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordena al Gobierno del Estado suspender el proceso de extradición del disidente venezolano Rolando Figueroa en tanto en cuanto no se resuelva la petición de asilo político internacional presentada por los abogados del interesado. La resolución judicial llega pocas horas antes del traslado de Figueroa a Madrid ‑previsto para esta misma mañana‑ para cuya entrega a las autoridades venezolanas ya contaban con un plan de vuelo establecido entre Madrid y Caracas.

“Ha sido una jornada larga y angustiosa ‑señaló la portavoz del Grupo municipal del Partido Popular, Rosa Gallego‑, pero finalmente la Audiencia ha atendido a razón y ha frenado el proceso hasta que se resuelva la petición de asilo interpuesta por Rolando Figueroa”. La portavoz municipal le reclama al delegado del Gobierno, José Manuel Miñones, “que reciba cuanto antes a la esposa del preso político, que la escuche para conocer de primera mano la situación y que le traslade la realidad al presidente del Gobierno”.

Gallego manifestó que “a quienes creemos firmemente en la Justicia nos reconforta saber que un tribunal tiene la sensibilidad que no el Gobierno del Estado ni los grupos políticos radicales del Ayuntamiento de A Coruña han demostrado en su momento”, en referencia a la negativa de Marea Atlántica y del BNG a aprobar en el Pleno de julio una declaración institucional de apoyo al preso político venezolano.

“Me pregunto si los concejales que se negaron a apoyar al disidente, casi tan coruñés como su esposa e hijos, dormirán tranquilos sabiendo lo que le espera si no prospera su petición de asilo y de nacionalidad española”, señala la portavoz, quien aprovechó para insistir al Gobierno de España que resuelva de forma urgente la solicitud de asilo y frene de inmediato su entrega al régimen criminal de Nicolás Maduro. Gallego, que hace unas semanas visitó personalmente a Figueroa en la cárcel, agradeció el trabajo “valiente y perseverante” de la diputada coruñesa Valentina Martínez y del senador, también por A Coruña, Miguel Lorenzo.

Este nuevo giro supone un alivio para el preso político, que se encuentra privado de libertad en Teixeiro desde el pasado 16 de junio, cuando se entregó de forma voluntaria al tener conocimiento que se había dictado una orden de busca y captura contra él con el fin de ser extraditado. Figueroa había establecido su residencia en A Coruña en 2017, huyendo del régimen chavista que había emprendido su persecución por haber participado en las revueltas contra Nicolás Maduro.

Además de que todos los miembros de su familia tienen pasaporte español, en la decisión de establecerse en nuestra ciudad pesaron los vínculos con España. Rolando está casado con una coruñesa y tiene dos hijos de 8 y 12 años, también coruñeses. Posee un postgrado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid que le habilita para poder desempeñar en España su actividad laboral. El régimen de Maduro, condenado por vulnerar reiteradamente los Derechos Humanos, acusa a Rolando Figueroa de un supuesto delito de estafa por el que no ha sido juzgado y que no se sostiene en prueba alguna.