La comisión municipal de Deportes, celebrada esta mañana tras su convocatoria por el concejal Popular Roberto García, sirvió para comprobar que el Gobierno municipal no va a solucionar el déficit del Club del Mar por el escaso uso de la piscina y que siguen los retrasos en la licitación del nuevo contrato de San Diego, en la apertura del Castrillón y en la construcción del campo de fútbol de Eirís.

Respecto a la piscina del Club del Mar, la representante del Gobierno municipal dejó entrever que el ayuntamiento no va a compensar económicamente por el déficit mensual de unos 25.000 euros en la actualidad, más uno acumulado de 400.000 euros entre 2018 y 2021, por el escaso número de alumnos de escuelas deportivas municipales que usan la instalación.

La opción que baraja el Gobierno sería la de recuperar la concesión, si no aumentan los usuarios municipales, para que no incremente el déficit teniendo en cuenta que finaliza en marzo de 2023. Esta solución no ayudará a la entidad de Monte Alto, por cuanto no desaparecería el déficit de las cuentas de la entidad y seguiría en peligro su futuro.

Por tanto, el PP insiste en exigir a Inés Rey que encuentre una solución para que la piscina siga abierta y dando servicio a los vecinos de este barrio emblemático.

Respecto al complejo de San Diego, el Gobierno municipal tampoco ha sabido solucionar las quejas de muchos usuarios por falta de mantenimiento y de monitores y anuncia un nuevo retraso para licitar el nuevo contrato, ya finalizado hace más de un año.

El PP también preguntó por el polideportivo de O Castrillón. El Gobierno municipal sigue elaborando los pliegos de los servicios, sin concretar el modelo de gestión y si su licitación será de forma conjunta con San Diego como tenía previsto inicialmente. Además, también reconoció que están pendientes de un nuevo modificativo para disponer de partida económica suficiente para su puesta en marcha.

Respecto al campo de fútbol de Eirís, también están pendientes de un modificativo para afrontar el incremento de coste de la nueva licitación, estimado en 787.000 euros, al pasar de 1,2 millones a 2 millones, tras haber tenido que anular el anterior por culpa de retrasos achacables al propio Gobierno municipal en la puesta a disposición de los terrenos necesarios.