El PP insta a Inés Rey a reaccionar y a atender las peticiones de los vecinos del Orzán tras las nuevas denuncias ante la Valedora do Pobo por la pasividad municipal, que las ha vuelto a admitir a trámite. La defensora ciudadana ha dado quince días de plazo al Gobierno municipal para explicar qué medidas ha tomado para atender las denuncias vecinales y las recomendaciones que le hizo la propia Valedora en el mes de abril.
Los vecinos están hartos de promesas incumplidas por el Gobierno municipal y piden vigilancia policial efectiva y que se apliquen las sanciones recogidas en la normativa en los casos de incumplimiento por exceso de ruido, orinar en la calle, altercados, peleas o consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
En aquel informe, la Valedora insistía en que la administración competente «no puede permanecer pasiva ante los problemas de esta naturaleza que la ciudadanía expone» y añadía que «el problema persiste y se cronifica«. También veía necesario «impulsar y reforzar la coordinación policial» para mitigar el problema y que en la Junta Local de Seguridad se abordase la problemática en el Orzán para avanzar en el refuerzo de la vigilancia y control policial.
Los afectados del Orzán están desesperados ante la falta de soluciones por parte de Inés Rey a problemas asociados al botellón, como los ruidos nocturnos y el vandalismo. En esta zona se congrega gran cantidad de personas bebiendo en la vía pública hasta altas horas de la madrugada sin que hayan adoptado medidas eficaces, como se puede comprobar en la los vídeos de denuncia que los afectados hacen públicos en sus redes sociales.
El PP recuerda que tanto Marea como Psoe eliminaron el dispositivo de control de ocio nocturno puesto en marcha por el Gobierno Popular y que en la actualidad no hay agentes suficientes en la Policía Local para recuperar este dispositivo de manera óptima para atender las reiteradas denuncias de los vecinos porque la situación va a peor. Hace tres años había 386 policías locales en nuestra ciudad y hoy este Cuerpo está integrado por 312, casi un veinte por ciento menos, según datos de la propia Asociación Profesional de Policía Local de A Coruña.
La defensora gallega de los ciudadanos recordaba en el mes de abril al Ayuntamiento que «es obligatoria la intervención municipal ante los problemas vecinales surgidos por la contaminación acústica” e insiste en que «no puede desconocer su obligación de intervención y control» y que «a pesar de las llamadas reiteradas a la Policía Local y de las actuaciones de este cuerpo, no consta que se adoptara medida cautelar alguna«.
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