El Grupo Popular insta a Inés Rey a concretar una parcela municipal como alternativa de realojo frente a la expropiación para la construcción del Nuevo Chuac. ya que las competencias urbanísticas son municipales y así dejar de bloquear de nuevo la tramitación del nuevo centro hospitalario, como ya hizo en su momento con el convenio.

 

El informe urbanístico municipal sobre la declaración de proyecto de interés autonómico recoge que se busquen dichas alternativas para minimizar el impacto, pidiendo lo que la Xunta de Galicia ya había señalado con anterioridad. A dichas alternativas de realojo ya se hacía referencia tanto en la memoria elaborada por la Xunta y remitida al Ayuntamiento con anterioridad a dicho informe municipal, como en el pliego de licitación de la redacción de los documentos técnicos y de la tramitación urbanística y ambiental.

 

El Gobierno municipal se limita a replicar la propuesta de realojo planteada hace tiempo por el Gobierno autonómico, pero no solo eso.

 

En la memoria elaborada por la Xunta se hace referencia a que se incorpora al ámbito una parcela dotacional municipal situada al oeste para la construcción de viviendas de realojo. El Ayuntamiento, en su respuesta, pide que se excluya del ámbito,  porque la cedió a una entidad el pasado 21 de noviembre. Sin embargo, no ofrece ninguna alternativa para el realojo de los afectados.

 

El Gobierno municipal cedió una parcela, probablemente la mejor para los realojos, a un tercero en pleno proceso de tramitación urbanística del nuevo hospital en el que se hace necesaria la búsqueda de ese terreno para minimizar los efectos de las expropiaciones.

 

Al ser las competencias urbanísticas municipales, se pide su informe, en el que se deberían localizar y concretar alternativas donde se puedan hacer los realojos, no solo excluir la ubicación que proponía la Xunta.

 

Por tanto, el Grupo Popular insta a Inés Rey a concretar una parcela para facilitar los posibles realojos y así dejar de obstaculizar de nuevo la construcción del nuevo hospital. Hasta la fecha, se ha limitado a bloquear durante nueve meses la firma del convenio, para acabar firmando el documento inicial, y tampoco ha presupuestado ni un solo euro de su parte de financiación para las expropiaciones y los accesos.