El Grupo municipal Popular registra una moción para su debate y votación en el próximo Pleno, en la que propone a la Corporación que inste al Gobierno de España a poner en marcha las medidas necesarias para eliminar la deuda que las entidades locales han contraído, de forma automática, por la liquidación negativa de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) del año 2020, motivada por una previsión de crecimiento irreal y desproporcionada por parte del Gobierno.

La moción Popular propone que, si esta medida no se pusiese en marcha, se le exija al Gobierno que aplace dos años la devolución de dicha deuda y posibilite su fraccionamiento en 120 mensualidades (10 años) -ampliables a otros 120 meses más en caso de que existan problemas de liquidez- como ya se hizo en 2012 con las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009.

Se trata de que el Gobierno de Pedro Sánchez demuestre la suficiente sensibilidad con los 8.183 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares españoles que, desde marzo de 2020 y adelantándose en muchos casos al Gobierno de España, han puesto en marcha medidas para evitar la propagación del covid-19, atender a sus vecinos más vulnerables y sentar las bases de la recuperación económica y social tras la pandemia. Desgraciadamente, es un hecho que el Gobierno ha abandonado a las entidades locales en su lucha contra la pandemia, incumpliendo incluso su compromiso de habilitar un fondo COVID de, al menos, 3.000 millones de euros para apoyar a la administración local en su lucha contra la pandemia.

Al contrario, ha reducido la participación de la administración local en la gestión de los fondos de recuperación europeos a un mísero 1%, 1.483 millones de euros, de los 140.000 millones que recibirá España, un porcentaje que queda muy lejos del 14,6% que representa el gasto público local sobre el gasto público total español.  Por si fuera poco, trató de apropiarse de los ahorros de las entidades locales y sigue sin devolver los más de 700 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta de la recaudación del IVA del año 2017.

La portavoz municipal del PP, Rosa Gallego, asegura que “en 2020 las entregas a cuenta se calcularon conforme al crecimiento previsto de la economía y no al crecimiento real”. Hablamos de una deuda estimada de 3.000 millones de euros con el Gobierno. “Cuando quedan seis meses para comenzar el año 2022, el Gobierno no ha propuesto ninguna medida para evitar que esta liquidación negativa ponga en riesgo la sostenibilidad financiera y la viabilidad de miles de entidades locales que, si esta deuda se materializa, podrían dejar de atender las necesidades de los vecinos”, concluyó Gallego.