La empresa contestó al requerimiento municipal hace veinte días y su respuesta todavía está pendiente de evaluación por la comisión de seguimiento, formada por las concejalías de Hacienda y Medio Ambiente

El Gobierno tendrá ahora que dar explicaciones sobre las últimas novedades del caso STL en una pregunta oral en el Pleno del jueves

Nostián está pendiente de un informe para solicitar la continuidad del modelo actual, por lo que no hay plazo para el nuevo contrato por el que Inés Rey pretende pagar 330M€ para seguir sin cumplir la normativa

El PP destaca que en la comisión, presidida esta mañana por el viceportavoz Popular, Roberto Rodríguez, el Gobierno municipal confirmó su dejadez a la hora de controlar el contrato de limpieza viaria, donde empezó el caso STL y que luego se extendió también al de recogida de basura.

El gobierno municipal no requirió hasta el 8 de marzo información a la empresa concesionaria sobre la subcontratación de personal que es el centro de la trama STL, casi quince días después de la operación judicial. La empresa contestó dos semanas después el 23 de marzo, y desde hace casi veinte días, esta respuesta todavía está pendiente de evaluación por la comisión de seguimiento del contrato, formada por personal de las concejalías de Hacienda y de Medio Ambiente.

Por tanto, el PP manifestó su preocupación por las informaciones que apunta a que las prácticas objeto de investigación se sigan produciendo a día de hoy.

Sobre la pieza separada abierta por el juzgado de instrucción en la que señala posible revelación de información de secretos y en la que figuran tres investigados, la concejala de Medio Ambiente eludió pronunciarse alegando que no es de su competencia.
El Gobierno municipal tendrá que dar explicaciones ahora sobre las últimas novedades del caso STL en el Pleno del jueves a través de una pregunta oral, por su falta de control sobre estos dos contratos.

NOSTIÁN
Respecto a la nueva licitación del contrato de tratamiento de residuos en la planta de Nostián, por el que el Gobierno municipal pretende pagar 330 millones de euros para seguir sin cumplir la normativa europea, está pendiente de la elaboración de un informe a fin de solicitar la excepcionalidad al Gobierno del Estado para continuar con el modelo actual, por lo que no hay ningún plazo ante la falta de este documento y de los pasos posteriores asociados.

Tampoco se aclaró en qué estado se encuentra la reclamación a Albada por la devolución de los pagos por traslado y tratamiento de los rechazos, así como sobre el sellado del vertedero, a pesar de que en ambos casos hay sentencias judiciales.