El Grupo Popular presentará una moción, para su debate en el Pleno del día 8, en la que instará a apoyar la proposición de Ley presentada por el PP en el Congreso contra la okupación ilegal, que permita el desalojo en 24 horas y que castigue con penas de hasta tres años de prisión a quienes con violencia o intimidación okupen un inmueble.

Este asunto es de gran preocupación en nuestra ciudad, con okupaciones en activas en varios barrios que en muchos casos llevan asociadas actividades delictivas, como denuncian los vecinos afectados.

Con la iniciativa, el PP quiere impulsar reformas legislativas para una protección efectiva de los titulares del inmueble, la imposibilidad de que los okupas se puedan empadronar o el endurecimiento de penas en caso de mafias.

Se trata también de deslindar con claridad las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección a las familias en situación de emergencia social, con el fenómeno de la okupación ilegal a que responde la iniciativa.

En la ley propuesta se plantea que tras la denuncia correspondiente, el okupa no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes, por lo que en un plazo máximo de 24 horas deberá desalojarlo voluntariamente o acreditar un título que le permite ocuparlo.

Las duras consecuencias no solo para la propiedad, sino para la seguridad que tiene la okupación en sus diversas formas, aconsejan un refuerzo de las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil. A ello ha de unirse un ámbito, el de la Comunidad de Propietarios, que siendo civil, había quedado hasta ahora sin mención jurídica.

Si se trata de flagrante delito, la autoridad correspondiente procederá al desalojo inmediato, según recoge la iniciativa que, además, propone reformar:

• elCódigo Penal para castigar a quienes con violencia o intimidación okupen un inmueble;
• la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento y usurpación puedan resolverse mediante juicio rápido;
• la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación;
• la Ley de Propiedad Horizontal para que si el okupa desarrolla actividades prohibidas por la comunidad, estas puedan denunciar y un juez ordenar el lanzamiento inmediato y condenarlo a pagar daños y perjuicios;
• la Ley de Bases de Régimen Local para que la okupación ilegal no pueda dar lugar a la inscripción de los okupas en el padrón municipal;
• la legislación tributaria para que al propietario le sea devuelto el IBI y el impuesto sobre patrimonio abonados durante el periodo de okupación.