• Este caso bajo investigación judicial afecta a dos contratos adjudicados por el gobierno municipal de Inés Rey por un importe total de 208 millones de euros, como son limpieza viaria y recogida de residuos

• En ambos se recoge que “será responsable del contrato un equipo multidisciplinar integrado por la Dirección de Área de Medio Ambiente y de Economía y Hacienda, con apoyo técnico de los servicios de Medio ambiente y Contratación, que deberá supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato, proponer al órgano de contratación la imposición de sanciones y penalidades y resolver las incidencias en su ejecución”

• La comisión de Medio Ambiente confirmó la negligencia del gobierno de Inés Rey a la hora de controlar los contratos millonarios y el personamiento en el juzgado llega tarde, cuando debió ser el primer día

El Grupo municipal del Partido Popular ha registrado una solicitud de copia de todos los informes de control y seguimiento elaborados por las concejalías de Hacienda y de Medio Ambiente sobre los contratos en vigor vinculados al caso STL, como son los de limpieza viaria y de recogida y transporte de residuos.

En ambos contratos, formalizados en el actual mandato por un importe total de 208 millones de euros, se recoge expresamente que “será responsable del contrato un equipo multidisciplinar integrado por la Dirección de Área de Medio Ambiente y de Economía y Hacienda, con apoyo técnico de los servicios de Medio ambiente y Contratación, que deberá supervisar y vigilar el cumplimiento del contrato, proponer al órgano de contratación la imposición de sanciones y penalidades y resolver las incidencias en su ejecución”.

La comisión de Medio Ambiente reunida ayer bajo la presidencia del viceportavoz del Grupo municipal del PP, Roberto Rodríguez, confirmó la negligencia del gobierno de Inés Rey a la hora de controlar la ejecución de los contratos millonarios, como sucede en el caso STL, ya que esta labor que corresponde a estas dos concejalías, no detectaron las irregularidades denunciadas e investigadas en el juzgado.

Respecto a lo recogido en el pliego, el Gobierno municipal reconoció en la comisión que no habían asesorado a la concesionaria a la hora de escoger a la empresa de economía social a través de la que se contrataba a personas con discapacidad y que está siendo investigada judicialmente. Sin embargo, el pliego es claro en que el ayuntamiento debía hacerlo para “garantizar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la subcontrata”.

También se constató que no se están realizando los controles de calidad recogidos en los pliegos, a pesar de que varios sindicatos han denunciado incumplimientos de los pliegos, tanto en medios materiales como humanos, como una subcontratación un 1.000% superior a la permitida en los pliegos o que el turno de noche, que tiene una asignación de 25 efectivos, se está cubriendo con 4 personas.

El PP considera necesario que el Gobierno municipal eleve su nivel de autoexigencia porque no ha estado a la altura. El personamiento en el juzgado ha llegado tarde, cuando debió ser el primer día, al igual que la investigación interna que se ha limitado a solicitar nuevos informes a la propia concesionaria.