● Este caso bajo investigación judicial afecta a dos contratos adjudicados por el gobierno municipal de Inés Rey por un importe total de 208 millones de euros, como son limpieza viaria y recogida de residuos, y cuya labor de control corresponde a dos concejalías, Hacienda y Medio Ambiente

● “El Gobierno municipal debe elevar su autoexigencia porque no ha estado a la altura ni antes ni después de conocerse los hechos. El personamiento ha llegado tarde, al igual que la investigación interna que se ha limitado a solicitar informes a la concesionaria”, señala Roberto Rodríguez

● Respecto a lo recogido en el pliego sobre la obligación municipal de control del contrato, la concejala de Medio Ambiente mencionó la falta de personal en su área a pesar de haberlo solicitado reiteradamente

La comisión de Medio Ambiente reunida esta mañana bajo la presidencia del viceportavoz del Grupo municipal del PP, Roberto Rodríguez, confirmó la negligencia del gobierno de Inés Rey a la hora de controlar la ejecución de los contratos millonarios, como sucede en el caso STL.

La labor de control corresponde a dos concejalías, la de Hacienda y la de Medio Ambiente, que no detectaron las irregularidades denunciadas e investigadas en el juzgado a pesar de que era “un secreto a voces” y de las múltiples advertencias de los sindicatos, como reconoció la propia concejala de Medio Ambiente en la comisión, quien añadió que tuvieron conocimiento a través de la prensa porque nunca tuvieron pruebas documentales para actuar y que todos los informes que se hicieron señalaban que todo se hacía de forma correcta.

Roberto Rodríguez señaló que es necesario que el Gobierno municipal “eleve su nivel de autoexigencia porque no ha estado a la altura. El personamiento en el juzgado ha llegado tarde, cuando debió ser el primer día, al igual que la investigación interna que se ha limitado a solicitar nuevos informes a la propia concesionaria”, y tras afirmar Inés Rey primero que no afectaba al ayuntamiento y luego ir cambiando su opinión a medida que se iban conociendo los hechos que afectan de lleno a dos contratos municipales.

Respecto a lo recogido en el pliego sobre la labor de control y seguimiento de la ejecución del contrato por parte municipal, la concejala mencionó la falta de personal en su área a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, tal y como informó en la comisión, y que nunca habían asesorado a la concesionaria a la hora de escoger a la empresa de economía social a través de la que se contrataba a personas con discapacidad y que está siendo investigada judicialmente. Sin embargo, el pliego es claro en que el ayuntamiento debía hacerlo para “garantizar los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la subcontrata”.

También se constató que no se están realizando los controles de calidad recogidos en los pliegos, a pesar de que varios sindicatos han denunciado incumplimientos de los pliegos, tanto en medios materiales como humanos, como una subcontratación un 1.000% superior a la permitida en los pliegos o que el turno de noche, que tiene una asignación de 25 efectivos, se está cubriendo con 4 personas.

CONTRATOS POR 208 MILLONES DE EUROS
El PP convocó la comisión para que el Gobierno municipal diese explicaciones por el caso STL ante la falta de transparencia de Inés Rey, a pesar de que este suceso afecta a dos contratos adjudicados por el actual gobierno en 2020 por un importe total de 208 millones de euros, como son limpieza viaria, 115 millones (14,4 millones anuales durante 8 años) y recogida de residuos, 93 millones (11,6 durante 8 años).

El viceportavoz Popular recuerda que “esperamos a que el gobierno socialista convocase a una reunión a los grupos municipales para trasladar información acerca de este caso, pero no lo ha hecho, y la Marea convocó la comisión de Transparencia y Contratación que preside, porque en este tipo de cuestiones en que se tapan mutuamente se comportan como socios, como ya ocurrió a la hora a exigir responsabilidades por los casos Someso, Conde de Fenosa, Castro de Elviña, los pisitos o las tarifas bus, que han supuesto millones de euros en indemnizaciones”.