 La portavoz de Exteriores del GPP, Valentina Martínez, recuerda que el
joven coruñés de 32 años murió, el pasado 8 de enero, víctima de seis
disparos efectuados por la policía filipina, cuando después de una intensa
jornada de trabajo se disponía a entrar en su domicilio.
 Señala que “las autoridades filipinas explicaron que la muerte se había
producido en legítima defensa porque Diego había disparado al intentar ser
detenido por ser traficante de drogas de alto valor. Sin embargo, 11 meses
después siguen existiendo numerosas dudas sobre las circunstancias en
las que se produjo su muerte”.
 Subraya que “el informe toxicológico realizado en el Instituto de Medicina
Legal en Madrid, a petición de la Audiencia Nacional, descartó que Diego
hubiera consumido algún tipo de estupefacientes al menos en los últimos
ocho meses antes de su muerte y que no había realizado disparos. Además
la versión de los testigos contradice la de los policías”.
 Destaca que “Diego era un hombre sano, deportista, que no tenía
antecedentes penales ni había estado involucrado en incidente alguno
relacionado ni con la compra, ni con la venta ni con el consumo de
estupefacientes en ningún momento de su vida en ninguno de los países
en los que vivió: Reino Unido, Tailandia, Australia, Honduras y Filipinas”.
 Reclama al Gobierno de España que promueva una investigación imparcial
y transparente sobre lo ocurrido, propia de una democracia avanzada, como
la española, que es capaz de defender a sus ciudadanos, y que permita que
la familia descanse, que la verdad se abra paso y que el buen nombre de
Diego Bello y su memoria se restituya.