El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso –tras llevar a cabo una recogida de firmas y presentar mociones en todos los municipios de España- una proposición de ley contra la ‘okupación’ falicitando el desalojo en menos 48 horas, reclamando penas de cárcel, prohibiendo que los ayuntamientos empadronen a quienes residan ilegalmente en inmuebles ajenos y protegiendo a los vecinos afectados por estas situaciones.

 

Así lo anunció esta mañana en rueda de prensa la diputada nacional, Tristana Moraleja, quien defendió el texto presentado por los populares como una media “necesaria” y “urgente” para hacer frente a la parte del Gobierno nacional liderada por Podemos que defiende, dijo, tres maneras de acceder a la vivienda: “por la compre, por el alquiler o por la ‘okupación’.

 

Acompañada por la portavoz municipal de los populares en el Concello de A Coruña, Rosa Gallego,  Moraleja incidió en que la ley propuesta por su formación recupera el delito de usurpación, con penas de uno a tres años de prisión, y facilita a la Policía poder desalojar a los ‘okupas’ en un máximo de 48 horas.

 

Además, la popular explicó que el texto presentado penalizará a las mafías que se lucren con el alquiler de pisos ‘okupados’, impedirá a los ‘okupas’ empadronarse en los diferentes concellos, permitirá a las comunidades de vecinos reclamar el desalojo de los inmuebles y dará la posibilidad a las entidades jurídicas de iniciar los procedimientos de desalojo.

 

Un Gobierno de brazos cruzados

“Ante un Partido Socialista que no quiere que el Congreso trabaje, nosotros vamos a seguir impulsando medidas que defiendan la propiedad privada y la convivencia vecinal”, dijo la diputada, quien acusó a Podemos de “defender la despenalización de la ‘okupación’” y al PSOE de “quedarse de brazos cruzados”.

 

Se centra, por tanto, dijo la diputada de «situaciones muy comunes en que la ocupación de una vivienda de manera ilegal y en contra del titular de la misma se produce comportando una alteración de la convivencia vecinal» porque, aseguró, «provocan una inseguridad de los vecinos de la comunidad de propietarios en la que se han instalado los ocupantes ilegales».

 

Moraleja se refirió también a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social por diferentes causas. En este sentido, la popular reclamó que el Gobierno central no se escude este este tipo de casos para dar “carta blanca a la ‘okupación. “A los ‘okupas no se les desahucia, se les desaloja, y a los vulnerables, se les protege”, dijo.

 

Incremento de la ‘Okupación’ en la provincia de A Coruña

Por su parte, Rosa Gallego, aprovechó su intervención para alertar del incremento de los casos de ‘okupación’ registrados en Galicia en el último año. Una cifra, dijo, que entre el 2019 y el 2020 aumentó en un 34%, de los que el 55% se resgistaron en la provincia de A Coruña.

 

“Es una preocupación que crece entre los ciudadanos. Los estamos viendo en las numerosas llamadas que recibimos y en las visitas que estamos haciendo por los barrios”, aseguró la portavoz municipal, quien recordó que su formación lleva tiempo pidiendo una mayor presencia policial –local y nacional- en las calles, que se recupere la policía de barrio y que se cubran las plazas vancantes en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

 

“Nos acusan de alarmistas desde el Concello y desde la Delegación del Gobierno, pero lo cierto es A Coruña, sin ser una ciudad insegura, si hay una mayor sensación de inseguridad que hace 20 meses. Eso es lo que nos trasladan los vecinos”, explicó Gallego, quien puso como ejemplo los casos de las agresiones sufridas en Palavea, los problemas que hubo en el Ventorrillo o los desalojos que se realizaron en la zona de Falperra, sin olvidarse de las ‘okupaciones’ del Ensache y Os Mallos.

 

Por todo esto, los populares incidieron en que “no se puede seguir mirarando para otro lado”, y concluyeron subrayando que ahora es el momento de cambiar ley y de seguir insistiendo en la necesidad de recuperar la policía de barrio.