El Grupo Municipal Popular mantuvo una reunión con representantes de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de A Coruña en la que participaron el portavoz popular, Miguel Lorenzo, el diputado autonómico Roberto Rodríguez y el concejal Antonio Deus para analizar la situación del mercado de vivienda en la ciudad y las consecuencias de la declaración de zona tensionada impulsada por el ejecutivo de Inés Rey.

Durante el encuentro, los profesionales del sector trasladaron su preocupación por los efectos que está teniendo esta medida sobre el mercado del alquiler, especialmente por la retirada de viviendas debido a la inseguridad jurídica y la falta de confianza entre los propietarios.

Los API también alertaron de la inseguridad jurídica generada tras la derogación del decreto de prórroga de alquileres, una situación que, según señalaron, provocará una elevada litigiosidad y nuevos trastornos para los propietarios. Asimismo, durante la reunión se puso en valor el diálogo impulsado por la Xunta de Galicia con el sector, que permitió alcanzar el Pacto de Vivenda, frente al nuevo Plan Estatal de Vivienda promovido por el Gobierno central sin debate previo ni con los agentes implicados ni con las comunidades autónomas.

Los populares recuerdan que los datos oficiales confirman esta tendencia. Desde la declaración de zona tensionada en julio de 2025, la oferta de alquiler se desplomó un 55%, pasando de 718 contratos formalizados en julio a únicamente 324 en febrero de 2026, es decir, cerca de 400 viviendas menos disponibles en el mercado, lo que está afectando especialmente a muchas familias a las que la zona tensionada está expulsando de la ciudad.

El PP considera que “las políticas intervencionistas están fracasando porque generan el efecto contrario al que prometían: menos oferta y precios más altos”. En este sentido, defienden que la solución real pasa por aumentar la oferta de vivienda a través de nuevas promociones, rehabilitación y generación de suelo residencial.

En esa línea, destacaron el trabajo que está desarrollando la Xunta de Galicia, que tiene actualmente en marcha en A Coruña 1.058 viviendas públicas con una inversión comprometida de cerca de 200 millones de euros, además de nueve promociones de nueva construcción, actuaciones de rehabilitación de inmuebles y conversión de locales en viviendas.

Los populares también pusieron en valor el desarrollo de Monte Mero, donde la Xunta prevé impulsar 4.397 viviendas, de las que más de 3.500 serán protegidas, junto con nuevos equipamientos, zonas verdes y servicios públicos.

Por último, criticaron “la falta de soluciones reales” por parte del Gobierno central y del Ayuntamiento, recordando que A Coruña sigue sin disponer de ninguna de las viviendas de la SAREB anunciadas por Pedro Sánchez e Inés Rey en la campaña electoral de 2023.

“El problema de la vivienda no se resuelve poniendo trabas ni generando desconfianza, sino construyendo más vivienda y facilitando que haya más oferta disponible para las familias”, concluyeron.